Tanto se habla de áreas protegidas que, con la última ley aprobada con ese propósito, ciertos municipios, sin consulta previa ni una idea clara del alcance técnico, aparecen con las famosas “ACUS”, que, como mencioné anteriormente, parecen más bien otra forma de inventar sanciones y recaudar dinero para el despilfarro, en tiempos en que las tierras y áreas protegidas, en su gran mayoría, están en manos privadas y no necesariamente con objetivos de desarrollo. Los últimos casos de extinción de dominio a las mafias así lo demuestran.
Los GAD municipales, e incluso el nacional, obtienen fuertes ingresos por otorgar certificados, permisos y licencias ambientales según la competencia y el uso de las áreas y actividades determinadas. Se estima que esos ingresos suman varias centenas de millones y, pese a ello, EXIGEN al gobierno central mayores asignaciones para el sostenimiento de las áreas PROTEGIDAS.
Sobre esta premisa, que al parecer “se les pasó por alto” a los asambleístas, el Presidente de la República debería enviar un alcance al pleno o a la comisión correspondiente en la Asamblea, para que esas competencias ambientales sean exclusivas del MAATE y este sea absolutamente responsable de los procedimientos. Solo así, el Estado podrá atender los requerimientos económicos de proyectos reales y LÍCITOS que presenten los GAD municipales.
SI NO ROBAN Y DESPILFARRAN, EL DINERO ALCANZA.
