La provincia de Santa Elena, junto con Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, fue declarada en alerta amarilla por el Gobierno de Ecuador ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño.
Esta medida busca acelerar las acciones de preparación por parte de las autoridades locales frente a un evento climático que podría intensificarse en los próximos meses. De acuerdo con proyecciones internacionales, existe una probabilidad superior al 82 % de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio de 2026.
Dicha probabilidad aumenta considerablemente hacia finales de año, periodo en el que históricamente el fenómeno ha generado sus mayores impactos en el país, especialmente en la región Costa.
La declaratoria pretende fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y de los gobiernos locales ante posibles efectos como lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra en distintas zonas del Ecuador.
La medida fue adoptada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que, mediante resolución oficial, dispuso la activación de mecanismos de prevención y coordinación interinstitucional en 17 de las 24 provincias del país, así como en 143 cantones y 491 parroquias, principalmente ubicadas por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar.
El sustento técnico de esta decisión se basa en los análisis del Comité Nacional ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno El Niño) y de organismos internacionales, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), cuyos modelos climáticos advierten una alta probabilidad de transición desde condiciones neutrales hacia un episodio cálido en el Pacífico ecuatorial.
En Santa Elena, la preocupación es particularmente alta. Las lluvias registradas durante 2024 y 2025 provocaron serios estragos, especialmente en las zonas rurales de la península. Este antecedente mantiene en alerta a autoridades y habitantes, quienes temen que la llegada de El Niño agrave las condiciones actuales y genere nuevos daños en infraestructura, viviendas y actividades productivas.
