El alcalde del cantón La Libertad, Francisco Tamariz, manifestó públicamente su respaldo a los comerciantes que laboran en los exteriores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), luego de conocerse la orden de desalojo emitida tras el asesinato de una estudiante en un tiroteo registrado cerca de una de las puertas del campus el pasado 16 de mayo.
La tragedia ha causado gran conmoción en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la seguridad y el comercio informal en zonas aledañas a instituciones educativas.
El lamentable hecho ocurrió cuando sujetos armados, que se movilizaban en una motocicleta, abrieron fuego contra un vendedor de caramelos que trabaja en el sitio. En el ataque, una joven universitaria que se encontraba en el lugar murió y otra resultó gravemente herida, convirtiéndose en víctimas colaterales de un hecho que ha dejado luto en la comunidad universitaria peninsular.
En respuesta a este suceso, y como medida de seguridad, se habría dispuesto el desalojo de comerciantes informales que tradicionalmente venden sus productos en las afueras de la universidad. Esta decisión generó inquietud entre los trabajadores informales, quienes temen perder su sustento diario sin una alternativa clara.
El alcalde Tamariz, al conocer sobre la medida a través de redes sociales, acudió personalmente al lugar para expresar su desacuerdo con el desalojo. En una publicación en sus plataformas oficiales, dejó clara su postura: “De manera inmediata, acudí para hacer conocer que aquello no tiene mi aprobación, por lo que dispuse de manera inmediata que aquello quedé sin efecto”, escribió la autoridad.
Además, el burgomaestre anunció que mantendrá una reunión con el rector de la UPSE, PhD. Dr. Néstor Acosta, con el objetivo de encontrar una solución consensuada que no perjudique ni a los comerciantes ni a la comunidad universitaria. Tamariz destacó su respeto por la figura del rector, a quien calificó como un “gran ser humano”, y subrayó la importancia del diálogo para resolver este tipo de situaciones.
El caso ha desatado un debate más amplio sobre la seguridad ciudadana, el comercio informal y la responsabilidad de las autoridades locales y universitarias en la protección de sus comunidades. Tanto estudiantes como comerciantes esperan que se llegue a un acuerdo que garantice tanto la seguridad como la posibilidad de trabajo en condiciones dignas.
Mientras tanto, la ciudadanía exige justicia para la joven fallecida y un mayor control del crimen organizado que afecta cada vez más a espacios públicos y educativos. Las investigaciones sobre el tiroteo continúan, y se espera que en los próximos días se conozcan avances que permitan dar con los responsables.
