La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra el alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván, por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos. La resolución fue anunciada la mañana de este jueves 29 de octubre, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara los elementos de convicción que sustentarían la investigación.
En total, 12 personas fueron procesadas dentro de esta causa, de las cuales diez deberán permanecer bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Para los otros dos implicados, la autoridad judicial dispuso medidas alternativas, entre ellas presentaciones periódicas ante la justicia y la prohibición de abandonar el territorio ecuatoriano.
La investigación forma parte del operativo denominado Gran Fénix 066, desarrollado conjuntamente por la Fiscalía y la Policía Nacional. Durante las intervenciones se ejecutaron 21 allanamientos en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas, que dejaron 15 personas detenidas. Además, las autoridades incautaron varios bienes y realizaron intervenciones relacionadas con dos personas jurídicas presuntamente involucradas.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, el alcalde sería uno de los principales responsables de la organización investigada. Las autoridades sospechan que, mediante la empresa Constructora Aldrensa S. A., se habrían movilizado recursos de origen ilícito. Los informes señalan movimientos financieros por aproximadamente 3,22 millones de dólares, además de un incremento patrimonial relacionado con la adquisición de bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2026.
Las indagaciones también apuntan a posibles conexiones económicas con personas investigadas por narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada. Entre los antecedentes mencionados por las autoridades figuran los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, así como presuntos nexos con Los Choneros y Los Lobos. La Fiscalía continuará recopilando pruebas para determinar las responsabilidades individuales de los procesados, quienes mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada.
