El presidente de la República decretó el estado de excepción en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), ante la grave conmoción interna generada por el incremento de la violencia, la delincuencia organizada y las acciones de grupos criminales que intentan ejercer control territorial en diversas zonas del país.
El Decreto Ejecutivo señala que la medida se fundamenta en los altos índices de delitos y la intensidad de los ilícitos cometidos, especialmente en el marco del conflicto armado interno que enfrenta el Estado. Estas circunstancias, según el documento oficial, obligan a fortalecer las acciones de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad ciudadana, la protección interna y el mantenimiento del orden público.
El estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días, periodo durante el cual se busca apoyar el accionar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones trabajarán de manera coordinada en operativos de control, patrullajes, y en la neutralización de las amenazas que ponen en riesgo la integridad del Estado y la tranquilidad de la población.
El decreto dispone además la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en las jurisdicciones mencionadas, lo que permitirá a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas realizar allanamientos, inspecciones y requisas con el objetivo de ubicar y desarticular a los grupos armados organizados. Estas acciones deberán ejecutarse en el marco del debido proceso constitucional y legal.
Con esta declaratoria, el Gobierno Nacional busca recuperar el control del territorio y reducir los niveles de criminalidad que afectan a amplios sectores del país. Las autoridades recalcaron que la medida es temporal y necesaria para salvaguardar la seguridad integral del Ecuador, en un contexto en el que la lucha contra la delincuencia organizada se ha convertido en una prioridad del Estado.
