Un proyecto de energía fotovoltaica ubicado en la zona de Río Verde, en el cantón Santa Elena, ha generado polémica por las posibles implicaciones para inversionistas, comuneros y otros actores del sector energético, debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de un terreno de 140 hectáreas donde actualmente se levanta la obra.
La empresa Cacao Nacional San Birituti ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, alegando haber sido perjudicada por el presunto traspaso ilegal de dichas tierras. Según la compañía, el predio habría sido transferido a Gabriela Legarda, de 89 años, madre de Mauro Intriago, quien trabaja en una de las empresas vinculadas al Grupo GPS, propietario del proyecto energético.
Posteriormente, la señora Legarda habría vendido el terreno en litigio a la empresa EWH Servicios Legales, representada por Ernesto Weisson, firma que, según se denuncia, tendría vínculos con el mismo grupo empresarial.
El proyecto fotovoltaico es impulsado por empresas relacionadas con el Grupo GPS, entre ellas Green Energy Constructions & Integration e Import Green Power Technology, Equipment & Machinery Item, las cuales han realizado al menos seis emisiones en el mercado de valores. Parte de estos recursos estaría destinada al desarrollo del proyecto energético, cuya producción, según se ha anunciado, sería comercializada a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).
En este contexto, también se ha señalado la participación de las casas de valores Intervalores y Advfin, responsables de estructurar y colocar los papeles en el mercado. Ambas entidades han sido previamente cuestionadas por operaciones relacionadas con impagos que afectaron inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
De acuerdo con información disponible, solo Green Energy Constructions & Integration ha emitido obligaciones de largo plazo por un monto de 12’150.000 dólares. A esto se suman otros 10,7 millones de dólares obtenidos a través de Import Green Power Technology, Equipment & Machinery Item en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también podría afectar directamente a numerosos inversionistas que confiaron en estos instrumentos financieros, así como a otras personas vinculadas al proyecto.
Respecto a la legalidad del predio, Cacao Nacional San Birituti sostiene que el terreno dejó de ser baldío hace más de cuatro décadas. Según la empresa, una escritura de 1998 (Ficha 27577) demostraría que el terreno fue adjudicado en 1983 a la Comuna de Río Verde bajo la Ley de Comunas. En ese sentido, argumenta que cualquier adjudicación posterior por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sería nula de pleno derecho, ya que dicha entidad únicamente tiene competencia sobre tierras baldías, es decir, aquellas que pertenecen al Estado.
La adjudicación es ilegal, pues el Estado no puede transferir un bien que ya no le pertenece, perjudicando directamente a las comunidades de la zona, pues existen denuncias de otros perjudicados de las comunas aledañas a quienes también le habrían arrebatado sus tierras.
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