Preocupación en peninsulares por vetó del presidente Noboa a ley sobre rentas petroleras para GADs

Preocupación en peninsulares por vetó del presidente Noboa a ley sobre rentas petroleras para GADs

Mediante un oficio fechado el 25 de abril de 2025 y remitido a la legisladora Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó la objeción total al proyecto de «Ley orgánica de participación de las rentas del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por industrialización de petróleo en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos».

La decisión del Ejecutivo ha generado preocupación en la ciudadanía peninsular, especialmente en los habitantes de Santa Elena, quienes esperaban un incremento de recursos destinados al Municipio de La Libertad, la Prefectura de Santa Elena y los Gobiernos Parroquiales de Ancón, Atahualpa y José Luis Tamayo.

El proyecto de ley, aprobado por el Parlamento el pasado 26 de marzo durante una sesión en la ciudad de Esmeraldas, establecía una distribución específica de los ingresos provenientes de la industrialización petrolera. Para la provincia de Santa Elena, el esquema de reparto contemplaba el 50 % de los recursos para el GAD de La Libertad, el 40 % para la Prefectura y el 10 % para los Gobiernos Parroquiales mencionados.

La objeción presidencial señala que la propuesta legislativa, en su forma actual, podría comprometer la sostenibilidad financiera nacional. Según el documento remitido, se buscará gestionar una nueva iniciativa normativa que logre equilibrar las legítimas demandas locales con las necesidades generales del Estado.

Dirigentes comunitarios lamentaron la medida presidencial, al considerar que frena oportunidades de inversión y desarrollo en sectores que han estado históricamente marginados. Algunos líderes anunciaron que solicitarán reuniones con representantes del Ejecutivo para insistir en la importancia de atender las necesidades de los territorios petroleros.

La Asamblea Nacional ahora deberá analizar la objeción total presentada por el presidente Noboa y decidir si insiste en el texto original del proyecto o si acoge la posibilidad de trabajar en una nueva propuesta legislativa que contemple los reparos planteados por el Ejecutivo.

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