El presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo estado de excepción por 60 días ante el aumento de hechos violentos provocados por grupos delictivos. La medida rige desde este 5 de noviembre en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, además de los cantones La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar.
El decreto incluye dos restricciones de derechos: la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. No se aplicarán toques de queda ni se limitará la libertad de reunión, pero se reforzarán los operativos de seguridad con la participación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Con la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, los uniformados podrán realizar allanamientos, inspecciones y requisas en lugares donde se presuma la presencia de grupos armados o actividades relacionadas con el crimen organizado. El objetivo es detectar y desmantelar a las bandas que amenazan la seguridad ciudadana.
También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia para permitir el seguimiento y análisis de mensajes o comunicaciones —ya sean físicas o electrónicas— que estén ligadas a la delincuencia. Para esto, se contará con el apoyo de operadoras y entidades del sector de telecomunicaciones.
El Gobierno asegura que esta medida busca frenar la ola delictiva y garantizar la paz en las zonas más afectadas del país. Noboa ha reiterado que no dará tregua al crimen organizado y que el Estado actuará con firmeza para proteger a los ciudadanos.
