La Fiscalía procesó a cinco ciudadanos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, tras un operativo ejecutado en varias zonas del país. La instrucción fiscal durará 30 días.
Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal del caso presentó como elementos de convicción los partes informativos, las versiones de los agentes aprehensores y el acta de evidencias levantadas. Entre los indicios constan seis vehículos con irregularidades en su documentación, reportados como robados en Guayaquil y Santa Elena.
El juez de garantías penales de turno acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Juan Patricio O. P., Juana Geomara A. G., Ángel Jimmy M. B., Marco Luis B. G. y Darly Alberto B. R. Los tres primeros son procesados por asociación ilícita; los dos últimos enfrentan cargos adicionales por tenencia y porte no autorizado de armas, bajo un concurso real de infracciones.
La investigación se inició tras denuncias reservadas de la ciudadanía en Santa Elena. En respuesta, agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Fiscalía desplegaron un operativo que permitió la ubicación de una presunta banda dedicada al asalto y robo de personas y automotores. Su accionar se extendía a lo largo de la Ruta del Spondylus (Santa Elena), el cantón Pedro Carbo (Guayas) y Paján (Manabí).
Durante los allanamientos, los agentes hallaron —ocultos entre la vegetación— cuatro vehículos robados. En otras viviendas, fue detenida una mujer que custodiaba uno de los automotores, mientras que en la vía fueron aprehendidos cuatro sujetos a bordo de otro vehículo. Dos de ellos portaban pistolas calibre 9 mm con sus cargadores y 20 cartuchos sin percutir, además de varios teléfonos celulares y otras evidencias. Entre los detenidos figura Darly Alberto B. R., alias “Cholo”, presunto líder de la organización delictiva “Los Lagartos”.
Base legal
La Fiscalía fundamentó el proceso con base en los artículos 360 y 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Tanto la asociación ilícita como el porte y tenencia no autorizada de armas están penados con entre tres y cinco años de prisión.
