Con 106 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado en favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por Industrialización de Petróleo, una normativa histórica que permitirá a Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos recibir una parte de los ingresos generados por la explotación y refinación del crudo en sus territorios.
Esta medida busca remediar una deuda histórica del Estado con estas tres provincias, que durante décadas han sido fuentes clave de riqueza petrolera para el país sin recibir beneficios directos. En el caso de Santa Elena, el petróleo ha sido extraído por más de 114 años sin que la provincia percibiera ingresos específicos por esta actividad.
Con la aprobación de esta ley, se espera una distribución más equitativa de las rentas petroleras, para la provincia de Santa Elena se estipuló que el 50% sea para el Municipio de La Libertad por ser el lugar donde se asienta la refinería. Un 40% recibirá la Prefectura y el 10% para los Gobiernos Parroquiales de Ancón (2.5 %), Anconcito (2.5 %), Muey (2.5 %) y Atahualpa (2.5 %).
El recurso será invertido en obras de infraestructura, desarrollo social y mejoramiento de servicios públicos. Esto representa un avance significativo en la lucha por una justa retribución a los territorios que han sostenido la industria petrolera nacional.
Los legisladores que representan a Santa Elena, Otto Vera, Arisdely Parrales y Patricio Cisneros, apoyaron firmemente la iniciativa, resaltando que estos recursos permitirán atender necesidades urgentes en la provincia y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El reconocimiento de estas rentas marca un hito en la historia de la descentralización y el desarrollo regional. Autoridades y sectores sociales han celebrado la aprobación de la norma, considerándola un acto de justicia con las provincias que han sido históricamente relegadas en la distribución de los ingresos petroleros.
Con esta nueva ley, se abre la puerta a un modelo más equitativo de redistribución de la riqueza nacional, fortaleciendo el desarrollo local y garantizando que las comunidades directamente afectadas por la explotación petrolera reciban su justa participación en los beneficios económicos generados.
