La preocupación crece entre los habitantes de la comuna Bajada de Chanduy, en la provincia de Santa Elena, ante el avance de las obras del centro penitenciario que impulsa el Gobierno nacional. Los comuneros temen que la llegada de reclusos de alta peligrosidad y sus familiares genere conflictos sociales y amenazas sobre sus territorios ancestrales.
Según denuncian los moradores, la llamada Cárcel del Encuentro, una de las principales apuestas del presidente Daniel Noboa para el sistema penitenciario, se construye en un área que ellos consideran parte de su territorio ancestral. Aseguran contar con documentos que lo respaldan, aunque estos habrían sido desestimados por las autoridades nacionales.
Ante esta situación, los líderes comunales anunciaron que preparan una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hemos agotado todas las instancias dentro del país, por eso acudimos a organismos internacionales”, manifestó Carola Cabrera, representante huancavilca y vocera de la comunidad, en declaraciones a la agencia EFE.
Los comuneros también expresan su preocupación por los posibles impactos ambientales que provocaría la megaobra en una zona costera caracterizada por su biodiversidad. Indican que las construcciones han alterado los suelos, la vegetación y las fuentes de agua que abastecen a las familias del lugar.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que el proyecto busca reforzar la seguridad nacional y descongestionar el sistema penitenciario. Sin embargo, en Bajada de Chanduy crece la incertidumbre y el temor a que la cárcel transforme su entorno natural y social
