Ayer 21 de abril de 2023, se resolvió la Acción de Protección, presentada por el ciudadano
Wilman Terán Carrillo que buscaba el cumplimiento de los derechos de los usuarios y
servidores de la Función Judicial.
En audiencia virtual, la jueza Cecilia Pareja declaró la vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva de los ciudadanos, por la falta de un presupuesto óptimo para el sistema de
justicia.
Una de las medidas dispuestas por la jueza determina que el Ministerio de Finanzas y el
Consejo de la Judicatura, en un plazo de 30 días y a través de mesas técnicas, generen
una solución presupuestaria que garantice el ejercicio de la tutela judicial efectiva.
Las dos instituciones junto a la Secretaría de Planificación definirán los proyectos que
deberán priorizarse y en el plazo establecido, presentar un informe técnico para que tengan
el financiamiento respectivo.
La Defensoría del Pueblo deberá actuar en el proceso con el propósito de que se garantice
el cumplimiento de la sentencia de la jueza. La decisión adoptada por la justicia contribuirá a la protección de los derechos de los trabajadores, servidores judiciales que esperan por su jubilación, grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y adolescentes y de la sociedad en general.
Durante la audiencia, el Consejo de la Judicatura ratificó que desde 2013, la Función
Judicial no ha contado con el presupuesto óptimo para garantizar a los ciudadanos a un
servicio judicial eficiente.
Se evidenció que factores como la asignación tardía de los recursos por parte del Ministerio
de Finanzas y los trámites burocráticos impuestos por esa cartera de Estado, afectan la
capacidad de gestión del Consejo de la Judicatura y genera problemas como la demora en
la tramitación de los procesos judiciales.
El Consejo de la Judicatura espera que el trabajo de las mesas técnicas permita resolver
problemas como la falta de talento humano, la falta de mantenimiento de la infraestructura
judicial, la escasez de insumos para las unidades judiciales, etc. De esta forma, se asegurará el acceso de las y los ecuatorianos al servicio de justicia.
